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En los últimos años, el llamado lenguaje inclusivo ha ido ganando presencia en el discurso público, especialmente en ámbitos institucionales, educativos y mediáticos. Su objetivo declarado es visibilizar a las mujeres y corregir lo que se considera una invisibilidad histórica en el uso del lenguaje.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, más allá de esa intención inicial, resulta cada vez más evidente que su aplicación no siempre es coherente ni uniforme.

Una de las contradicciones más llamativas es su uso selectivo hasta el punto de ser habitual escuchar expresiones como “médicos y médicas”, “abogados y abogadas” o “jueces y juezas”, especialmente cuando se trata de profesiones socialmente valoradas. En estos casos, el desdoblamiento del lenguaje parece responder a un esfuerzo consciente por reconocer la presencia femenina en ámbitos tradicionalmente masculinizados y, en este aspecto, el planteamiento puede resultar comprensible dentro de su lógica.

Sin embargo, esta misma lógica desaparece cuando el contexto cambia.

En el ámbito de la delincuencia o la marginalidad, el lenguaje inclusivo se diluye y rara vez se escucha hablar de delincuentes y delincuentas o de presos y presas en el mismo tono sistemático. El lenguaje vuelve entonces a su forma genérica tradicional, sin que parezca existir la misma preocupación por la visibilización. Esta asimetría plantea una pregunta incómoda: ¿por qué la inclusión se aplica con rigor en unos casos y se omite en otros?

La respuesta, en muchos casos, parece estar relacionada con una dimensión simbólica. El lenguaje inclusivo no solo describe la realidad, sino que también construye una imagen de ella. Y es precisamente en esa construcción donde aparece el sesgo. Se tiende a visibilizar cuando el término tiene connotaciones positivas o prestigio social, pero se evita cuando está asociado a aspectos negativos. Esto convierte una herramienta que pretende ser neutral en un instrumento con una clara carga ideológica.

Este uso selectivo no solo debilita la coherencia del propio lenguaje inclusivo, sino que también genera escepticismo. Cuando las normas lingüísticas se perciben como arbitrarias o interesadas, pierden legitimidad. Y con ello, se dificulta el objetivo inicial de generar consenso y avanzar hacia una comunicación más equitativa.

En última instancia, el problema no reside tanto en el lenguaje inclusivo en sí, sino en su aplicación parcial. Si se pretende que sea una herramienta válida y creíble, debería aplicarse con criterios consistentes, independientemente del contexto o de la carga emocional de las palabras. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse no en un reflejo de la realidad, sino en una forma de moldearla según intereses concretos.