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En el actual contexto político español, vuelve a ponerse de manifiesto una realidad incómoda pero difícil de ignorar: las consecuencias de una corrupción que, en mayor o menor medida, ha salpicado a los dos grandes partidos que se han alternado en el poder durante la última década. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español atraviesan momentos en los que sus sombras pesan más que sus logros, erosionando la confianza de los ciudadanos en la política en general y en ellos en particular.
En el caso del PP, el conocido como caso Kitchen ha sido uno de los episodios más controvertidos de los últimos años. Se trata de una presunta operación parapolicial que, según la investigación judicial, habría tenido como objetivo sustraer documentación comprometedora al extesorero del partido, Luis Bárcenas, para evitar que dicha información pudiera perjudicar a altos cargos de la formación presuntamente implicados en un caso de financiación ilegal (la famosa Caja B). La pertinaz recurrencia en corruptelas, y el uso de recursos del Estado para fines partidistas, de confirmarse, supondrían un grave atentado contra los principios básicos de un sistema democrático.
Por su parte, el PSOE tampoco ha escapado a la polémica. El llamado caso de las mascarillas —denominación mediática que ha acompañado a esta trama— y que se ubica en el peor escenario moral posible: los meses más dramáticos y mortíferos de la pandemia.
Creo estar de acuerdo con la mayoría de españoles cuando pienso que la disparatada lista de peticiones que los socios independentistas de Sánchez vienen desgranando desde prácticamente la noche misma de las Elecciones Generales del 26 de julio con el objetivo darle sus votos de cara a la investidura nos tiene a todos entre alarmados y desconcertados.
