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En el actual contexto político español, vuelve a ponerse de manifiesto una realidad incómoda pero difícil de ignorar: las consecuencias de una corrupción que, en mayor o menor medida, ha salpicado a los dos grandes partidos que se han alternado en el poder durante la última década. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español atraviesan momentos en los que sus sombras pesan más que sus logros, erosionando la confianza de los ciudadanos en la política en general y en ellos en particular.
En el caso del PP, el conocido como caso Kitchen ha sido uno de los episodios más controvertidos de los últimos años. Se trata de una presunta operación parapolicial que, según la investigación judicial, habría tenido como objetivo sustraer documentación comprometedora al extesorero del partido, Luis Bárcenas, para evitar que dicha información pudiera perjudicar a altos cargos de la formación presuntamente implicados en un caso de financiación ilegal (la famosa Caja B). La pertinaz recurrencia en corruptelas, y el uso de recursos del Estado para fines partidistas, de confirmarse, supondrían un grave atentado contra los principios básicos de un sistema democrático.
Por su parte, el PSOE tampoco ha escapado a la polémica. El llamado caso de las mascarillas —denominación mediática que ha acompañado a esta trama— y que se ubica en el peor escenario moral posible: los meses más dramáticos y mortíferos de la pandemia.
En este caso lo que se investiga es el cobro de comisiones millonarias irregulares a través de la adjudicación de contratos públicos de emergencia en la compra de material sanitario para hacer frente a las primeras y devastadoras consecuencias de la crisis sanitaria del Covid-19 y que está revelando una serie de comportamientos y presuntas irregularidades que afectan a figuras relevantes del entorno político reciente. Nombres como Ábalos, Koldo o Cerdán han aparecido en el escenario judicial, dibujando una imagen que muchos ciudadanos perciben más cercana a una caricatura propia de una película de humor grotesco que a la seriedad que se espera de representantes públicos.
Lo más curioso y quizá inquietante no es solo la existencia de estos casos, sino la coincidencia temporal de ambos procesos en los tribunales. Mientras unos y otros se sientan en el banquillo, la ciudadanía asiste con una mezcla de hastío, indignación y desconfianza, al tiempo que la sensación de orfandad política se extiende: ¿dónde están los líderes íntegros? ¿Es posible encontrar gestores eficaces que, además, actúen con honestidad?
Este clima de descrédito no solo afecta a los partidos implicados, sino que debilita el conjunto del sistema democrático. Cuando la corrupción deja de ser percibida como una excepción y pasa a interpretarse como una constante, el riesgo es que el ciudadano se distancie, se desmovilice o, peor aún, normalice lo inaceptable.
España necesita algo más que alternancia política; necesita regeneración. Recuperar la credibilidad no será tarea fácil, pero es imprescindible si se quiere restablecer el vínculo entre representantes y representados. Porque al final, más allá de siglas y colores, lo que está en juego es la confianza en las instituciones y en quienes las dirigen.
Es el futuro del país