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En estos tiempos controvertidos en los que proliferan las malas noticias sobre el movimiento independentista catalán en forma de cesiones y bajadas varias de pantalones, no está de más recordar, bien por justicia o simple consuelo, la figura de dos jueces que, hasta la fecha y contra viento y marea, están ejerciendo la función de rompeolas ya no sólo contra los independentistas, sino contra el resto de poderes del Estado, principalmente el Ejecutivo, que de manera incomprensible y egoísta((El artículo 97 CE encomienda al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la administración del Estado y la defensa de la nación. En este sentido, el Gobierno tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la unidad territorial y el ordenamiento constitucional.)) desatienden sus obligaciones, y consienten los desvaríos independentistas.
Creo estar de acuerdo con la mayoría de españoles cuando pienso que la disparatada lista de peticiones que los socios independentistas de Sánchez vienen desgranando desde prácticamente la noche misma de las Elecciones Generales del 26 de julio con el objetivo darle sus votos de cara a la investidura nos tiene a todos entre alarmados y desconcertados.
