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El viejo truco de frenar a escasos metros de la cámara de tráfico acaba de perder toda su utilidad práctica. Las carreteras se preparan para recibir una nueva generación de radares equipados con algoritmos de visión artificial que cambian por completo las normas de la vigilancia. Hasta ahora, estas máquinas operaban como simples registradoras de la velocidad, pero los modelos recién homologados actúan como un ojo clínico capaz de analizar la escena completa en tiempo real.

Para comprender el salto operativo, basta observar su alcance de visión. Estos dispositivos escanean el interior del coche para detectar si se está utilizando el teléfono móvil o si falta el cinturón de seguridad. La precisión del código es tan alta que registran cambios de carril prohibidos y saltos de semáforo con más exactitud que un observador humano. Además, el procesador interno les permite vigilar múltiples carriles a la vez, en ambas direcciones, y asignar un límite de velocidad distinto a cada franja de asfalto de manera simultánea.

El Centro Español de Metrología ya ha certificado estos equipos, convirtiendo al Ayuntamiento de Pamplona en el primero en desplegarlos este mismo mes de junio. Según detalla la prensa local, su precio ronda los veinte mil euros por unidad, una inversión que se amortiza rápidamente gracias al volumen de infracciones que logran automatizar y que antes requerían patrullas físicas en el lugar. La Dirección General de Tráfico también está actualizando sus propias cámaras siguiendo este mismo esquema de funcionamiento inteligente.

Sin embargo, el despliegue de esta tecnología reabre una queja histórica sobre el mantenimiento de la red viaria. Mientras los programas diseñados para sancionar mejoran de un día para otro, el suelo que pisan los coches empeora. La Asociación Española de la Carretera señala en su último informe que más de la mitad de las carreteras presenta daños graves, acumulando un déficit de conservación superior a los trece mil millones de euros. Un firme en mal estado multiplica el riesgo de sufrir un accidente y eleva el gasto de combustible en un doce por ciento. Aunque la normativa indica que el dinero de estas sanciones debe destinarse a la conservación de las vías, la realidad demuestra que resulta bastante más ágil instalar una máquina recaudadora que tapar los baches de miles de kilómetros de asfalto.