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Una de las características de un Estado de derecho que se precie de serlo son los principios procesales de la presunción de inocencia y su correlativo de la carga de la prueba, que obliga a una de las partes a probar, valga la redundancia, determinados hechos y circunstancias cuya falta de acreditación acabaría con sus pretensiones de justicia.

Secularmente, la carga de la prueba ha de ser aportada por la víctima del ilícito para desvirtuar así la presunción de inocencia con la que todo acusado cuenta constitucionalmente.

Obviamente esto supone un esfuerzo, en ocasiones nada desdeñable, por parte del sufridor del oprobio pero que forma parte de nuestras reglas de juego jurídicas para evitar precisamente acusaciones injustas por injustificadas. Que nuestra sociedad no se convierta en una selva y nos encontremos a mereced de los odios e inquinas más o menos veleidosas de cualquiera, vamos.

Ello pasa por dotarnos de unas leyes que, en consonancia con lo expuesto constitucionalmente, contemplen este precepto legal de manera escrupulosa por aquello de la jerarquía y la coherencia normativa más que nada.

Pero hete aquí que, de un tiempo a esta parte, una parte del Gobierno se ha empeñado en echar por tierra esta norma para sacar adelante leyes-bodrio como la famosa del sólo sí es sí cuya única herramienta para hacerla eficaz es culpabilizar a los hombres (a todos, de todo y en todo momento) eliminando en el proceso la carga probatoria y alegando que ha de ser suprimida a toda costa porque no hacerlo supondría un calvario para ese ser de luz en el que se encarna toda mujer. Y claro, eso es inaceptable para determinadas mentes.

Porque sí, porque a la mujer hay que creerla por el mero hecho de serlo y porque probar la conducta delictiva del macho constituye un calvario probatorio que se ha de eliminar en favor de la salud física y mental de la agraviada y de la agilidad del proceso, partiendo del supuesto de que está empíricamente demostrado que todos los hombres son unos mentirosos violadores en potencia dispuestos a atacar a una mujer a la menor oportunidad, por instinto, por sistema o por tradición varonil.

Ya de paso nos ahorramos lo de supuesta víctima porque damos por hecho que si ella lo dice es que ha sucedido y presumimos la veracidad de su narración, evitándole el calvario probatorio de justificar unos hechos que están claros desde el momento en el que la mujer lo denuncia sin necesidad de comprobaciones ulteriores. Punto.

A estas alturas nadie hay que niegue ya la importancia y gravedad de las agresiones sexuales a mujeres y que cualquier norma que trate de evitarlas es bienvenida, ahora bien, debiendo siempre allanarse al marco legal del Estado de derecho si es que pretendemos vivir en una sociedad que se diga democrática o por lo menos civilizada.

Todo lo que se aparte de esta máxima sucede por un ansia desmedida por judicializar cuestiones morales, de ordinario complejísimas de normativizar, y de aplicar la ideología política por encima del derecho y los derechos de los ciudadanos.

Foto: Creación propia a partir de parámetros aportados a la herramienta de inteligencia artificial DALL-E de Open-AI.