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Termina el puente de la Constitución y el de la Inmaculada en España y el día gris y ventoso con el que echamos el telón a este periodo a caballo entre lo festivo y lo laboral, invita a la reflexión de temas importantes que he ido posponiendo ante el torbellino de sorpresas con las que este gobierno, el más liberticida desde la democracia, nos sorprende casi a diario. No sé si será buena idea.

Y es que a un descalabro político, social y moral le sigue otro, tal es el itinerario al que parece conducirnos esto que han dado en llamar la nueva normalidad.

Y así, sin darnos cuenta, sin reparar en ello, la factoría monclovita de Iván Redondo va perfilando los entresijos de lo que nos espera en cuanto a la peculiar reforma de la Constitución se refiere, que por sus especial engorro está claro que no se va a llevar a cabo a través de los procedimientos previstos para ello (arts. 166 al 169) sino a través de la mutación constitucional que supone ir alterando, poco a poco, a base de Proposiciones de Ley y publicaciones en el BOE de normativas menores (Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, etc.) el contenido normativo de nuestra Carta Magna y con él el consenso constituyente de 1978 para retorcer al máximo los derechos y libertades públicas.

Así lo están haciendo con derechos fundamentales como el de libertad de expresión que tratan de cargarse a golpe de creación de un procedimiento de actuación contra la desinformación (Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional) mediante el cual quieren controlar la información para garantizarse que aquella que sea incómoda para el Gobierno, no vea la luz.

Al mismo tiempo y sin Ley o Norma que lo ampare, la burda manipulación de unos medios de comunicación sumisos y adocenados hace que cualquier noticia pase y se modifique por el tamiz gubernamental convirtiéndola en remedo de lo que fue, eso sí, de manera ecosostenible y con perspectiva de género.

La tutela judicial efectiva (art. 24) a base de nombrar a una Fiscal General del Estado afín (tan afín que fue la anterior ministra de Justicia) y de manosear el poder judicial vía reforma del Consejo General del Poder Judicial (art. 122) es otro de los pilares que el gobierno socialcomunista se ha propuesto destruir, empeño que por ahora han abandonado debido a las nada veladas advertencia de la UE. Pero tiempo al tiempo.

No puede dejarse atrás en esta breve pero dramática lista, la libertad de enseñanza, a un paso de irse al traste por mor de la inexplicable Ley Celaa, gracias a la cual el contenido fundamental del artículo 27 queda sin contenido y por lo tanto, a merced de lo que estos demoledores del orden constitucional quieran hacer con el concepto a partir de ahora. Póngase cómodos, desde este momento el adoctrinamiento será fácil, rápido e indoloro…

Así, sin prisa pero sin pausa, siguiendo un modelo que ya ha fracasado decenas de veces a lo largo de la historia, es como pretenden acabar con nuestra Constitución y con un modelo democrático que repudian sin ambages para instaurar una democracia semántica que acabe con derechos y libertades.

Se puede decir más alto, pero no más claro y no hay pandemia que justifique ni Dios que entienda, sobre esta maltrecha piel de toro, por qué permanecemos impasibles ante tanta felonía.

La respuesta es el miedo, pero de eso ya hablaremos más adelante.